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2010 sería el año de la reforma - Activistas y religiosos
urgen a Obama
Por Jorge Cancino, Univision.com*
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El año 2009 deja un
sabor agridulce en millones de inmigrantes
indocumentados en Estados Unidos. La mayoría confió
en que el Congreso y la Casa Blanca aprobarían una
reforma migratoria "generosa" que incluyera una vía
de legalización, tal y como el Presidente Barack
Obama lo prometió durante su campaña política, pero
tuvo que conformarse con nuevas promesas que
-aseguran los demócratas- se activarán en los
primeros meses de 2010.
Proyecto base
El pasado 13 de diciembre el congresista Luis
Gutiérrez (Illinois) entregó a la Cámara de
Representantes una propuesta de reforma de ley
identificada con el número H.R. 4321 que, en
resumen, propone legalizar a la mayoría de los 11.6
millones de indocumentados que viven en Estados
Unidos. |
Pero advierte que aquellos extranjeros que han cometido
delitos criminales quedarán fuera de la reforma migratoria,
y que todos quienes califiquen serán previamente "fichados"
antes de recibir una visa temporal válida por seis años,
para luego optar por la residencia permanente.
La iniciativa fue bien vista por los principales líderes del
movimiento de la reforma migratoria que, entre otros, reúne
a religiosos, abogados, sindicalistas, empresarios y
activistas, quienes insistieron en que la reforma será
posible en la medida que todos se mantengan unidos
presionando al Congreso y poniendo en un primer plano el
aporte de los inmigrantes al engrandecimiento de Estados
Unidos.
Guardia en alto
Durante una conferencia telefónica, los dirigentes –quienes
han participado activamente en la redacción del plan de
reforma H.R. 4321 (Comprehensive Immigration Reform for
America's Security And Prosperity (CIR ASAP) Act of 2009)
coincidieron en señalar que la forma en que están trabajando
juntos puede permitir que el proyecto avance y sea aprobado
en 2010, pero insistieron en que la presión sobre el
Congreso y la Casa Blanca debe mantenerse.
Resaltaron el logro "colectivo" y apuntaron que la entrega
del proyecto de por sí es un paso adelante en un esfuerzo
que en los últimos tres años ha sufrido dos derrotas y el
surgimiento de una escalada antiinmigrante en los 50 estados
del país.
En los meses y semanas previas a la entrega en la Cámara de
Representantes del proyecto H.R.4321, las más de 600
organizaciones y grupos que respaldan a Gutiérrez
organizaron más de 1,000 reuniones en 45 estados para
explicar el alcance del proyecto, y más de 60 mil
estadounidenses asistieron a estos eventos por medio de
llamados telefónicos.
Dos versiones
El resultado: un plan que se encamina a ser debatido en el
primer trimestre de 2010, y una versión que asoma en el
Senado y que lideran Charles Schumer (demócrata de Nueva
York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur),
propuesta que, adelantaron fuentes del Congreso, también
incluye una vía de legalización, aunque más severa que la de
Gutiérrez.
El proyecto de Gutiérrez cuenta con 91 co-patrocinadores,
todos demócratas.
Al comentar la propuesta, el Cardenal Roger Mahony,
Arzobispo de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles,
California, enfatizó que "nuestro país necesita una reforma
de inmigración que respete la dignidad humana y refleje las
normas estadounidenses de la decencia y compasión", y agregó
que "la reforma integral de inmigración va a fortalecer a
las familias, garantizar que los trabajadores sean tratados
con equidad y mejorará la economía".
Postura católica
Desde mediados de 2005 la Iglesia Católica estadounidense se
encuentra en campaña permanente de presión para que el
Congreso apruebe una reforma migratoria que denominan
"justa" y "humana".
En enero de 2006 la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB)sostuvo que la reforma migratoria debe
incluir a todos los indocumentados que llevan tiempo en el
país, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales,
y resaltó los el aporte que los inmigrantes hacen con su
trabajo al engrandecimiento del país.
"Los inmigrantes laboran duro en trabajos con sueldos bajos
para mantener nuestras calles, hogares, en la limpieza de
oficinas y hoteles, en el arduo trabajo de nuestros
sembradíos y en las instalaciones de producción de comida y
ofrecen una variedad de servicios que incrementan la
economía de Estados Unidos y nos permiten a todos mantener
nuestro alto nivel de vida", señaló la USCCB en un informe.
"Un porcentaje de sus ganancias se deduce automáticamente de
sus salarios para el pago de impuestos y seguro social,
inclusive cuando ellos no están calificados para muchos de
los beneficios de los impuestos o servicios del gobierno
disponibles para los Ciudadanos de Estados Unidos",
advirtió.
Fronteras seguras
Respecto a la seguridad fronteriza, los Obispos
estadounidenses apoyan "el derecho de nuestra nación de
proteger sus fronteras", recalcan que la inmigración ilegal
"ha creado dificultades para la gente de ambos lados de
nuestra frontera del sur", pero apuntan a que "cada esfuerzo
por vigilar y asegurar nuestras fronteras debe ser
balanceado con cuidadosa atención de manera que se protejan
los derechos humanos de los inmigrantes".
"De lo contrario, estos esfuerzos pueden generar un ambiente
de temor que puede llevar al abuso, explotación y hasta la
muerte de muchos inmigrantes", advierten.
La reforma migratoria, según los obispos estadounidenses,
debe incluir:
Una oportunidad para los inmigrantes, trabajadores arduos
que ya están contribuyendo con este país para salir de la
sombra y, bajo la satisfacción de un criterio más razonable,
alcancen una alternativa para convertirse en residentes
permanentes legales y eventualmente en ciudadanos de Los
Estados Unidos.
Reformas al sistema migratorio para reducir
significativamente los tiempos de espera de las familias
separadas que actualmente sufren largos retrasos para su
reunificación.
La creación de vías legales para los trabajadores y sus
familias que desean emigrar a los Estados Unidos y entrar en
nuestro país para trabajar de manera segura, legal y
ordenada con sus derechos debidamente protegidos.
Políticas de protección de las fronteras que vayan de
acuerdo con los valores humanitarios y con la necesidad de
tratar a los individuos con respeto, mientras que permitan a
las autoridades a manejar tareas críticas en la
identificación y prevención de entrada de terroristas y
criminales peligrosos, así como la persecución de tareas
legítimas para la implementación de la política de
inmigración americana.
Sistema roto
Para Clarissa Martínez, directora de Inmigración y campañas
nacionales del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, el grupo
hispano más grande de Estados Unidos), la comunidad latina
está dispuesta a cambiar el statu quo de un sistema
migratorio que se encuentra roto.
Agregó que el debate de la reforma de salud en el Congreso,
que inició el 5 de marzo, demostró que se trata de una
batalla "cuesta arriba" y que para ganarla hay que
perseverar y no bajar la guardia.
Martínez recordó que el sistema de inmigración vigente es
contrario a los intereses de nuestro país porque "debilita
nuestra recuperación económica, vuelve a los trabajadores
más vulnerables, rompen la unidad de las familias y
desestabiliza a las comunidades".
Recordó que la mayoría de los estadounidenses apoya la
reforma de inmigración y dijo que ya es tiempo "que se
restablezca la dignidad y el imperio de la ley".
Daño económico
Para Mark Lauritsen, vicepresidente del sindicato United
Food and Commercial Workers (UFCW), la actual ley de
inmigración "está dañando nuestra economía" y apuntó que "ha
causado estragos en familias y comunidades", permitiendo que
"empleadores sin escrúpulos bajen salarios y condiciones de
trabajo adversas mediante la creación de un sistema donde
predomina la discriminación, la explotación y el abuso
desenfrenado".
Pidió que el Congreso apruebe una ley que permita el
establecimiento de un sistema de inmigración que trabaje
para el trabajador estadounidense, un sistema donde el
trabajo duro es respetado y los trabajadores están
protegidos.
Dijo que la UFCW se compromete a que la reforma integral de
inmigración sea una realidad y aseguró que "vamos a seguir
batallando para organizar y movilizar a las familias
trabajadoras de todo el país en apoyo de ese objetivo".
Empleos y oportunidades
Craig Regelbrugge, co-presidente de la Comisión de
Agricultura para la Reforma de Inmigración, dijo que las
empresas necesitan una reforma amplia para crear empleos,
fomentar la estabilidad económica y lograr que la economía
genere un nuevo impulso.
"Los empleadores quieren mantener puestos de trabajo y crear
otros nuevos. Sin embargo, nuestro sistema de inmigración
roto es un lastre para la recuperación económica", apuntó.
A su vez, el sector tecnológico urgió al Congreso a que
apruebe una reforma migratoria amplia "que garantice una
fuerza de trabajo estable y legal, esencial para nuestra
capacidad de producir verduras, frutas, leche y carne aquí,
en Estados Unidos".
Agregó que mientras se siga produciendo en Estados Unidos
"vamos a seguir empleando a trabajadores estadounidenses", y
con mejorando la economía.
Cuestión de derechos
Si bien para los activistas la reforma migratoria ayudará a
mejorar la economía estadounidense, para Wade Henderson,
presidente y director general de la Conferencia de Liderazgo
sobre Derechos Civiles, el cambio fortalecerá y mejorará los
derechos civiles de millones de personas.
Agregó que el cambio se hace necesario y que de ser aprobada
por el Congreso, además de mejorar esta área, también
proporcionará seguridad económica a millones de
estadounidenses.
"Quienes dicen que éste no es el momento para aprobar una
reforma integral de inmigración, no están mirando hacia
delante", dijo Henderson. "El momento es ahora y Estados
Unidos está listo para el cambio".
Votos en juego
"La promesa (hecha por el Presidente Barack Obama) de
reparar el sistema de inmigración que se encuentra roto
desempeñó un papel importante en las elecciones de
(noviembre) 2008 y los votantes enviaron una clara señal de
que quieren que el gobierno resuelva el problema", dijo
Ángela Kelley, vicepresidente de Política de Inmigración del
Centro para el Cambio Comunitario.
Agregó que la reforma migratoria ayudará a mejorar "nuestra
seguridad económica, asegurará nuestras fronteras y
protegerá a los trabajadores", y precisó que la política de
deportación masiva "no es una solución".
Ali Noorani, Director Ejecutivo del Foro Nacional de
Inmigración (NIF), dijo que las más de 600 organizaciones a
favor de la reforma migratoria aunarán esfuerzos para
convencer al Congreso y a la Casa Blanca que el cambio de la
ley de inmigración será favorable para Estados Unidos y los
estadounidenses.
El Congreso no ha señalado una fecha probable de debate ni
en la Cámara de Representantes ni en el Senado.
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